En principio, se entiende que una concesión administrativa surge cuando la Administración establece una relación contractual con los ciudadanos. Puede existir una serie de servicios de interés público que en el Estado liberal se encomiendan a los particulares, con la inseguridad y la falta de calidad que puede surgir en la prestación. Ello provoca que el propio Estado se otorgue la titularidad de tal servicio en régimen de monopolio para, posteriormente y cuando las características de determinados servicios lo aconsejen, revertir a su prestación por los propios ciudadanos. No obstante, esta no se daría como una actividad propia, sino como una actividad cuya potestad ostenta la Administración Pública, la cual se encargará de establecer las imposiciones que considere, con tal de preservar la calidad del servicio.

La principal diferencia entre concesión administrativa y autorización administrativa, es que la segunda, simplemente recoge la “capacitación” de un individuo para realizar una actividad, y todos los ciudadanos tienen derecho a realizar una determinada actividad, aunque precisan de la autorización para cumplir la normativa. Por el contrario, una concesión administrativa no es un derecho de todos los ciudadanos, hay que obtener la concesión para poder ostentar el derecho.