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Las sociedades patrimoniales y las operaciones vinculadas.

Tiempo estimado lectura: 4 min.

 

En los últimos días es común escuchar el término ‘autoalquiler’, vinculado al concepto de ‘sociedad patrimonial’.

Pero, ¿qué significa exactamente? ¿se diferencian las entidades patrimoniales del resto de sociedades? ¿qué son las operaciones vinculadas?

Para su explicación, cabe referirse, en primer lugar, al Artículo 5 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades [TRLIS], que define entidad patrimonial como aquella que no realiza una actividad empresarial y que “más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto […] a una actividad económica”.

Por lo que se trata de sociedades dedicadas principalmente a la gestión de bienes, que no realizan ninguna actividad empresarial.

Entonces, ¿cuándo se realiza una actividad económica?  En este caso, analizamos el apartado 1 del mismo artículo, que entiende la misma como “la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”.

En el caso de arrendamiento de inmuebles, “se entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa”.

Por lo que, podríamos encontrar tres tipos de sociedades patrimoniales:

  • Entidad patrimonial de tenencia de inmuebles: posee inmuebles familiares para su uso y disfrute.
  • Entidad patrimonial de alquiler de inmuebles: posee inmuebles que alquila, sin personal empleado con contrato laboral y jornada completa.
  • Entidad patrimonial de tenencia de valores: posee valores exclusivamente e invierte en bolsa.

Inicialmente, la sociedad se constituye siguiendo los procedimientos de una sociedad mercantil, tributando como patrimonial una vez se cumplan los requisitos previamente indicados, y más de 50% del capital pertenezca directa o indirectamente a no más de 10 socios, o a un grupo familiar.

 

Jurídicamente, la entidad patrimonial se debe gestionar como cualquier sociedad, cumpliendo así las normas mercantiles referentes a socios, capital, requisitos de constitución, llevanza de contabilidad, etc.

Así pues, estas organizaciones quedan sujetas al impuesto sobre sociedades, por lo que, en la actualidad, las rentas derivadas de la gestión inmobiliaria tributan a un tipo general del 25%, no siendo de aplicación los incentivos fiscales para las entidades de reducida dimensión.

En este contexto, se denomina ‘autoalquiler’ al importe que los socios han de satisfacer a su propia entidad, por el uso y disfrute de los inmuebles que comprendan su activo.

 

 

Estas transacciones, realizadas entre entidades y sus socios, o entre aquellas personas físicas o jurídicas descritas en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto de Sociedades, se consideran operaciones vinculadas y, por tanto, “se valorarán por su valor normal de mercado”.

 

Para la determinación de este valor, cabe aplicarse uno de los siguientes métodos [Apartado 4 del Artículo 16 del TRLIS]:

“a) Método del precio libre comparable, por el que se compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.

b) Método del coste incrementado, por el que se añade al valor de adquisición o coste de producción del bien o servicio el margen habitual en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.

c) Método del precio de reventa, por el que se sustrae del precio de venta de un bien o servicio el margen que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.”

 

Si la información es escasa, o bien se trata de operaciones complejas, se propone a su vez el uso de los siguientes:

d) «Método de la distribución del resultado, por el que se asigna a cada persona o entidad vinculada que realice de forma conjunta una o varias operaciones la parte del resultado común derivado de dicha operación u operaciones, en función de un criterio que refleje adecuadamente las condiciones que habrían suscrito personas o entidades independientes en circunstancias similares.»

e) «Método del margen neto del conjunto de operaciones, por el que se atribuye a las operaciones realizadas con una persona o entidad vinculada el resultado neto, calculado sobre costes, ventas o la magnitud que resulte más adecuada en función de las características de las operaciones, que el contribuyente o, en su caso, terceros habrían obtenido en operaciones idénticas o similares realizadas entre partes independientes, efectuando, cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de las operaciones.»

 

De acuerdo con la legislación afecta, constituye una infracción tributaria, tanto “no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la documentación” requerida, o bien que el valor de mercado “no sea declarado en el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas o el Impuesto sobre la Renta de No Residentes” [Apartado 10 del Artículo 6 del TRLIS].

 

Por lo que, se precisa de una correcta valoración según los métodos expuestos, que evite la corrección valorativa por parte de la Administración tributaria y, por tanto, las sanciones derivadas del incumplimiento de esta infracción.

 

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